|
 Como a estas alturas todo el mundo sabéis, el Gobierno vasco ha decidido suprimir Heldu, una oficina que brindaba asesoría y apoyo en su proceso de regularización a las personas inmigrantes. Ante ello, nos adherimos al comunicado que difundió Harresiak Apurtuz, pero hemos querido además hacer un análisis propio, que podéis leer a continuación. Ese análisis se ha basado en un artículo redactado por nuestro compañero Angel Miragaya, que también podéis descargaros aquí. Os colgamos también el comunicado lanzado por los trabajadores y trabajadoras de Heldu.
Harresiak Apurtuz ante el cierre de Heldu
Manifiesto de los y las trabajadoras de Heldu, ante su cierre
Artículo de opinión sobre el cierre de Heldu
SOS Racismo Bizkaia ante el cierre de Heldu
Posicionamiento de SOS-Racismo Bizkaia ante el anuncio del cierre de Heldu
- Un servicio público de atención especializada a la ciudadanía inmigrante en situación administrativa irregular resulta a todas luces esencial
- No cabe delegar al voluntarismo de las ONG el deber de un Gobierno de garantizar los derechos de la población inmigrante
- El encaje de HELDU en el organigrama administrativo y legal vasco es una cuestión de voluntad política a favor de incluir en las políticas públicas a personas a las que la Ley de Extranjería niega la ciudadanía
HELDU fue concebido y creado por el Gobierno Vasco en 2002 como un servicio de atención jurídica y social a personas inmigrantes abocadas por la Ley de Extranjería a una situación administrativa irregular. Con la supresión del servicio HELDU, el Gobierno de Patxi López y Gemma Zabaleta se empecina en hacer cada vez más difíciles las condiciones de vida de una parte de la población especialmente vulnerable, la población inmigrante.
Es importante tener en cuenta que, a fecha de hoy, en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay censadas alrededor de 140.000 personas inmigrantes frente a las 40.000 habidas en el momento de la creación de este Servicio; más del triple. Cabe señalar también que la normativa en materia de extranjería sigue siendo igual de rígida y compleja. Aunando ambos factores se dibuja una realidad idéntica a la de entonces, cuando no más delicada, dada la actual situación económica su incidencia directa sobre la situación administrativa de este sector de nuestra sociedad. Por tanto, la permanencia de ese servicio de atención especializada a la ciudadanía inmigrante en situación administrativa irregular resulta a todas luces esencial.
En la actual coyuntura económica, deslumbrar a la población aireando el millón de euros que supone el mantenimiento de un servicio de atención a personas inmigrantes, como ha hecho la Consejería de Asuntos sociales para justificar la supresión de HELDU, se nos antoja una clara práctica de racismo institucional.
La consejera apunta que esa atención de asesoramiento hasta ahora prestada por HELDU va a ser encomendada a las ONG o colectivos sociales, en colaboración con los ayuntamientos. Ante ello, SOS Racismo, como movimiento social de denuncia de toda actuación discriminatoria racista y xenófoba, exigimos a los poderes y administraciones públicas y, en este caso, a la Consejería de Asuntos sociales del Gobierno Vasco, que garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía en igualdad, sin que medie un trato desigual por el origen o procedencia. No cabe delegar al voluntarismo de las ONG el garantizar el efectivo desarrollo ciudadano de la población inmigrante en especial situación de indefensión. Mantener un servicio específico para ello no supone en ningún caso discriminación positiva, como sugirió Zabaleta ante el Parlamento, sino una medida necesaria para favorecer que las personas en situación irregular puedan acceder a la regularización y así combatir una de las causas por las que los y las inmigrantes siguen viviendo en desigualdad de derechos.
En todo caso afirmamos la complementariedad de la labor de estas asociaciones con la imprescindible permanencia de un servicio como HELDU, en un trabajo de colaboración y retroalimentación, en aras a dar respuesta a las necesidades (impuestas por la Ley de Extranjería) y derechos de la ciudadanía inmigrante, pero siempre bajo los parámetros de organización y responsabilidad pública.
A pesar de la argumentación esgrimida por la Consejería de Asuntos Sociales, el encaje de HELDU en el organigrama administrativo del Gobierno Vasco y en la Ley de Servicios Sociales es una cuestión de voluntad política que requiere de una vocación de incluir en las políticas públicas a personas a las que la Ley de Extranjería les niega la ciudadanía y, por tanto, la posibilidad de ser sujetos de las distintas normativas estatales y locales. Basta pues con que el Gobierno no olvide en su labor a las personas, y prime sobre las eventuales lecturas políticas que los proyectos y esperanzas de esas personas no se vean truncadas. Instamos a la Consejera a que predique con su ejemplo su afirmación de que “tanto como los recursos, importan los consensos” y tome en consideración la opinión unánime de los agentes sociales en contra de la supresión de HELDU.
Cabe recordar que estas iniciativa se suma a otras más de recorte de las políticas sociales que ha venido impulsando el PSE desde que llegó a esta Consejería: Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos, Decreto Regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda... Todas estas actuaciones políticas afectan con más intensidad a los segmentos de la población más desfavorecida, y en especial, a la población inmigrante. Esta actitud no deja de ser un reflejo de lo que se hace a nivel estatal: en época de bonanza económica, la aportación del esfuerzo y mano de obra inmigrante en aquellos sectores más precarios del mercado laboral era bien recibida, y ahora se la quiere convertir en pagana de la crisis. Todo ello no hará sino favorecer la discriminación en el ámbito público y privado, alimentando la explotación laboral a esa parte de nuestra sociedad tan vulnerable como lo es la ciudadanía inmigrante, y especialmente las mujeres inmigrantes.
Por todo ello, en SOS Racismo consideramos que la supresión de Heldu se traducirá en la vulneración de derechos fundamentales que, además de afectar de forma directa a las personas inmigrantes, afecta también al interés público general. El Gobierno Vasco, en tanto que poder público, tiene como deber y responsabilidad evitar estas consecuencias. Y, para ello, pedimos a la Consejería que haga un ejercicio de imaginación para encajar en su política de servicios sociales una pieza tan esencial como Heldu, asumiendo su gestión directamente.
SOS Racismo-Bizkaiko SOS Arrazakeria |
