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Valoración SOS Racismo - Sentencia Constitucionalidad Ley Extranjería PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 11 de Febrero de 2009 10:37

A raiz de la conmemoración del 18 de diciembre, como día internacional de las personas migrantes (fecha en la que, en 1990, las naciones unidas aprobaron la Convención sobre derechos de las personas migrantes y sus familias) , desde la Federación Estatal de SOS Racismo, insistiendo em la necesidad del ejercicio efectivo de la igualdad de derechos, os enviamos una Valoración-Análisis de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de extranjería en lo que se refiere a el modo en que acomete el ejercicio de derechos.

DERECHOS DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN ESTADO DE “ACLARACIÓN PERMANENTE”

VALORACIÓN
DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE
SOS RACISMO
A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
STC 236/2007

1 ANTECEDENTES.

El pasado 7 de noviembre el Tribunal Constitucional falló el recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, STC 236/2007 de 7 de noviembre. Los medios de comunicación en general han resaltado la parte del fallo que declara inconstitucionales los artículos de la Ley 8/2000 que modificaban el derecho d preunión, asociación y sindicación. Sin embargo, desde la Federación de territorios de SOS RACISMO creemos conveniente valorar esta Sentencia en su conjunto, en los artículos declarados inconstitucionales y en otros donde el Tribunal ha decretado su constitucionalidad y hacerlo enmarcando esta Sentencia en el contexto de una doctrina del TC asentada desde hace ya varios años sobre el otorgamiento de derechos a las personas extranjeras y su incidencia en la práctica diaria.

Por otro lado el 18 de Diciembre de 1990 las Naciones Unidas aprobaban la Convención sobre Derechos de las Personas Migrantes y sus familiares. Creemos por tanto que la celebración del 18 de diciembre como el día del inmigrante es la oportunidad idónea de dar a conocer nuestra valoración sobre los derechos de las personas extranjeras al hilo de esta importante sentencia del Tribunal Constitucional.

Para situar el recurso y su contenido conviene recordar el contexto en el que se promulgó esta Ley 8/2000. La anterior norma, la Ley 4/2000 había sido aprobada a finales del año 1999 con el consenso de todos los grupos parlamentarios excepto el del Partido Popular que entonces ostentaba el poder. A pesar de presentar enmiendas al texto en el Senado, finalmente no prosperaron y se aprobó el texto acordado en el Parlamento.

El hecho de que el partido en el gobierno rechazara esta ley auguraba que si ganaba las elecciones generales a celebrar en el mes de febrero, se produciría un cambio en la ley, de hecho esta fue una de las propuestas del PP en su programa electoral. Y efectivamente, el PP consiguió mayoría absoluta, de manera que podía cambiar la Ley 4/2000 y para ello no necesitaba el acuerdo de ningún otro partido. Los cambios de la Ley 4/2000 con apenas un año de vigencia fueron sustanciales; reformaron 63 artículos de un total de 71, lo cual da una idea de la importancia de esta modificación legal. En la votación final de la ley en el parlamento CIU mostró su disconformidad con los artículos de la ley que modificaban el derecho de reunión y asociación mientras que Coalición Canaria apoyó la reforma. En la votación del Senado del día 14 de diciembre de 2000 se aprueba definitivamente la ley con 145 votos a favor de PP, CIU y CC y 72 votos en contra.

Contra esta reforma de la Ley de Extranjería se presentaron 9 recursos de inconstitucionalidad. En concreto recurrieron la ley el Grupo Parlamentario del PSOE, Diputación General de Aragón, Junta de Extremadura, Principado de Asturias, Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, Parlamento Vasco, Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, y Parlamento de Navarra, quedando finalmente en ocho tras desistir del recurso el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Quedaría por saber si en los restantes recursos se alega la inconstitucionalidad de artículos diferentes a los resueltos ya por el TC con el recurso del Parlamento de Navarra. Prácticamente todos los recursos presentados alegan la inconstitucionalidad de los artículos que limitan el derecho a reunión, asociación, sindicación y acceso a la justicia gratuita para extranjeros irregulares. Algunas entidades recurrentes como Parlamento Vasco y Castilla-La Mancha han planteado la inconstitucionalidad de otros artículos relativos a la reagrupación familiar o el procedimiento sancionador, de manera que hasta no conocer todas las sentencias no queda resuelto definitivamente el debate de la constitucionalidad de la Ley 8/2000.

Así las cosas y para comprender el fallo del Tribunal es preciso, tal como lo hace la propia sentencia, repasar el criterio del TC seguido a lo largo de varias sentencias respecto a cómo deben interpretarse los derechos de las personas extranjeras en la Constitución. El punto de partida es el artículo 13 de la Constitución que en su primer párrafo dispone que “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley”, A partir de este artículo, el TC ha desarrollado a través de diferentes sentencias una clasificación de los derechos de las personas extranjeras en tres grupos. Hay un primer grupo de derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadanos, son derechos inherentes a la dignidad de la persona humana. El TC ha indicado cuales serían estos derechos: el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la libertad y a la seguridad, y el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El problema está en que no se trata de una lista exhaustiva y cerrada, de manera que el TC podrá encuadrar en este grupo otros derechos, tal como ha ocurrido en la sentencia que comentamos con el derecho a la educación no obligatoria.

Hay un segundo grupo de derechos que se reconocen expresamente a los extranjeros, de manera que en este caso sí se diferencian los dos planos españoles/extranjeros. Se trata en concreto de los derechos de reunión y asociación. En este caso el legislador puede modular o establecer “condiciones adicionales” a su ejercicio por parte de las personas extranjeras sin que tales condiciones lleguen a impedir el propio ejercido de tales derechos. Este es el argumento que utilizará el Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de los artículos de la LEX que vetaban el ejercicio del derecho de reunión y asociación a los extranjeros irregulares.

Hay finalmente un tercer grupo de derechos que no son atribuidos directamente por la Constitución pero que pueden ser reconocidos con arreglo a los tratados y las leyes aunque dicho reconocimiento no tiene que ser en los mismos términos que para los españoles. A este segundo grupo pertenecerían derechos tales como el de la libertad de desplazamiento, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ), el derecho a percibir una prestación de desempleo.

Teniendo en cuenta esta clasificación, lo que ha hecho el TC en su sentencia es señalar a cuál de los tres grupos pertenece cada uno de los derechos que se considera inconstitucionales en la redacción dada por la Ley 8/200, de manera que los derechos de reunión, asociación y sindicación pertenecen al segundo grupo mientras que los derechos a la tutela judicial efectiva y a la educación no obligatoria pertenecerían al primero de los grupos. Veamos pues cuales han sido los argumentos de cada una de las partes.

2 PRECEPTOS IMPUGNADOS Y FALLO

Derecho de reunión. Lo que decía la demandante: el derecho de reunión deriva de la dignidad humana y por tanto el artículo 7.1 de la LEX seria contrario a la constitución, (art. 21) y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según el Abogado del Estado, el precepto no niega a los extranjeros el disfrute del derecho de reunión , sino que condiciona su ejercicio a la obtención de la autorización de estancia o residencia en España. Según el Tribunal, el legislador puede fijar condiciones concretas para que los irregulares ejerzan el derecho de reunión pero respetando el contenido de este derecho que pertenece a la dignidad humana. Y como la LEX niega el ejercicio de este derecho a los irregulares, ello es contrario a la Constitución.

Derecho de asociación. Los argumentos de unos y otros son similares a los señalados para el derecho de reunión. Destacar si cabe que el TC recurada cómo este derecho ya fue objeto de examen en la STC 115/87 relativa a la ley de 1985 y que declaró inconstitucional el apartado que preveía la suspensión gubernativa de asociaciones promovidas por extranjeros.

Derecho a la educación no obligatoria. Según la Ley de Educación, la enseñanza básica coincide con la enseñanza obligatoria y se extiende desde los 6 a los 16 años pudiendo prolongarse hasta los 18. La redacción del artículo 9.3 de la LEX limitaba el derecho a la educación no obligatoria a quienes poseían un permiso de residencia. El TC por tanto se centra en analizar la constitucionalidad de este requisito de la residencia concluyendo que el derecho a la educación abarca no solo la enseñanza básica son también la no obligatoria incluyendo a las apersonas irregulares. El efecto práctico del reconocimiento de este derecho se traduce en la posibilidad por parte de alumnos sin residencia legal de poder cursar el bachillerato o la formación profesional.

Derecho a sindicarse. El TC puntualiza que este derecho corresponde no solo a quienes tengan la condición de trabajadores/as. Esta aclaración es importante para rebatir el argumento del Abogado del Estado que considera absurdo otorgar el derecho a la sindicación a quien no tiene derecho a trabajar. De ahí la inconstitucionalidad del referido artículo por excluir a los extranjeros irregulares del ejercicio del derecho a la sindicación.

Reagrupación familiar. El Parlamento de Navarra recurría los artículos de la Ley que hacían una remisión a su desarrollo reglamentario argumentando que un artículo que precisa una ley orgánica no puede desarrollarse a través de un reglamento. La discusión se centra por tanto en analizar si la reagrupación familiar es efectivamente un derecho equiparable al artículo 18 de la Constitución referido a la intimidad familiar y objeto por tanto de una Ley Orgánica. Pues bien, el TC en base a su jurisprudencia y a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara constitucional este artículo y aclara que la reagrupación familiar no es equiparable al derecho a la vida en familia, es, a lo sumo, una modalidad de vida familiar. En otras palabras y esto es importante, queda claro que no existe un derecho fundamental a la reagrupación familiar.

Motivación en la denegación de visados. La demandante alegaba inconstitucionalidad de los artículos de la Ley que dispensan a la administración de motivar la denegación de un visado, que son todos los casos excepto los visados de reagrupación familiar y de solicitud de autorización de trabajo. El TC recuerda que sólo es inconstitucional la denegación no motivada de un derecho fundamental. Pero ocurre que la concesión de visados es un acto no reglado, (nadie tiene derecho a un visado). Por lo tanto, en al medida en que no existe un derecho fundamental a entrar en España, es constitucional no motivar la denegación del visado.

Asistencia jurídica gratuita. La limitación del derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas extranjeras con residencia legal se pretendió introducir en la Ley 11/96 de asistencia jurídica gratuita que fue recurrida por el Defensor del Pueblo. La STC 95/2003 ya se pronunció en el sentido de declarar inconstitucional esta limitación, de manera que en este caso reitera su doctrina y declara inconstitucional el artículo 22.2 de la LEX.

Expulsión por la comisión de un delito. Vulneración del “non bis in idem”. Este principio viene a decir que nadie puede ser condenado dos veces por los mismos hechos. La LEX en su artículo 57.2 contempla como causa de expulsión que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. El debate, en términos jurídicos se centra en dilucidar si la sanción penal (condena) y la sanción administrativa (expulsión) s refieren a los mismos hechos. Pues bien, el TC dice que no, “ …. que la pena se impone en el marco de la política criminal del Estado, mientras la expulsión del territorio nacional ha sido acordada en el marco de la política de extranjería, que son dos ámbitos que atienden a intereses públicos netamente diferentes” . En todo caso dejamos apuntado que esta cuestión que el TC ha ventilado de manera tan contundente, en otros ámbitos europeos, (caso de Francia) es objeto de un vivo debate.

Retorno. El Parlamento de Navarra impugnaba el artículo 60.1 por entender que según estaba redactado transcurridas setenta y dos horas el juez estaba obligado a decretar el internamiento de la persona que iba a ser retornada. El TC aclara que según su doctrina, el artículo debe ser interpretado en el sentido de poner a disposición judicial la persona que va a ser retornada pasadas las 72 horas sin perjuicio de que el juez decrete lo que considere conveniente.

Procedimiento preferente. Se refiere a los casos de incoación del expediente de expulsión donde el plazo de alegaciones es de 48 horas. El Parlamento de Navarra aduce que el precepto es inconstitucional porque el plazo de cuarenta y ocho horas que se otorga al interesado para formular alegaciones en su defensa, tras la incoación del procedimiento sancionador, vulnera el art. 24 CE en relación con el art. 6 del CEDH al producir indefensión. El Abogado del Estado replica que los plazos son ajustados a derecho. El TC defiende esta última tesis y recuerda que es posible que el legislador reduzca los plazos cuando dicha decisión responde a una finalidad razonable y necesaria.

Contenido y alcance del fallo. La forma de decretar el fallo y su alcance merece un comentario aparte. En el Fundamento Jurídico nº 17 se aclara lo siguiente: no siempre la inconstitucionalidad de un artículo lleva aparejada su nulidad, la desaparición de este artículo del mundo el derecho. En este sentido, la Sentencia comienza por exponer cómo no debe ser el fallo y así se dice que en el presente caso no procede declarar la nulidad de los artículos de la Ley 8/2000 que garantizan los derechos de reunión, asociación y sindicación a los extranjeros residentes legales porque ello produciría un vacío legal que no sería conforme a la Constitución. . Tampoco procede declarar la nulidad solo del inciso “y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España”, que figura en cada uno de aquellos artículos, puesto que ello entrañaría una clara alteración de la voluntad del legislador ya que de este modo se equipararía plenamente a todos los extranjeros, con independencia de su situación administrativa, en el ejercicio de los señalados derechos. Este último inciso es muy importante porque el TC vuelve a recordar que en ningún memento de su sentencia ha dicho que la administración no pueda fijar condiciones diferentes a los extranjeros irregulares para el ejercido de sus derechos. Y como el Tribunal no puede entrar a legislar, termina diciendo que sea el legislador el que establezca dentro de un plazo de tiempo razonable las condiciones de ejercicio de los derechos de reunión, asociación y sindicación por parte de los extranjeros que carecen de la correspondiente autorización de estancia o residencia en España, añadiendo eso sí, “sin perjuicio del eventual control de constitucionalidad de aquellas condiciones, que corresponde a este Tribunal Constitucional”. Sin embargo el Tribunal declara la nulidad de los artículos relativos a la limitación del derecho a la educación y a la tutela judicial efectiva argumentando que en estos dos casos se tata de derechos que se reconocen constitucionalmente por igual a todos los extranjeros, independientemente de su situación administrativa.

Votos particulares. Por último comentar que la Sentencia ha sido objeto de dos votos particulares, uno de ellos formulado por el magistrado Vicente Conde Martín de Hijas y al que se adhiere Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y el otro voto particular se limita a mostrar su adhesión a lo dicho por el magistrado Vicente Conde. El voto particular parte de la facultad que los tratados internacionales (en concreto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos) otorgan a los estados para limitar el ejercido de estos derechos por causas de orden público o seguridad nacional. En consecuencia, afirma el magistrado que ante una situación masiva de entradas y estancias ilegales de ciudadanos extranjeros el legislador puede establecer como condición de disfrute de los derechos de reunión, asociación y sindicación por parte de los extranjeros la de la estancia o residencia legal en España.

Otro argumento de crítica a la sentencia viene dado por la supeditación del ejercicio de los derechos de reunión, asociación y sindicación al respeto a la dignidad humana. En palabras del magistrado, “ … me resulta forzado entender que pueda considerarse afectada la dignidad de la persona por el hecho de que el disfrute de los derechos de reunión, asociación y sindicación por los ciudadanos extranjeros se condicione por el legislador a la legalidad de su estancia en España”. Y ello porque tan importante como la dignidad humana es la paz social y el respeto a la ley y esto ultimo no puede predicarse de quien se encuentre en España en situación irregular.

3 REFLEXIÓN FINAL. Derechos de las personas extranjeras en estado de “aclaración permanente”.

Además de la Sentencia que hemos comentado más arriba, la misma nos permite reflexionar de manera más amplia sobre la evolución de los derechos de las personas extranjeras desde la óptica de la doctrina constitucional. Comenzando por lo primero y son obviar la importancia que tiene el reconocimiento constitucional de determinados derechos por parte de extranjeros irregulares tras una reforma de la ley que en su día ya suscitó importantes críticas por parte de amplios sectores de la judicatura y de la política, creemos importante destacar otras cuestiones. Así por ejemplo, la sentencia fija también la constitucionalidad de importantes cuestiones como son la no consideración de la reagrupación familiar como un derecho fundamental, la no consideración del “non bis in idem” para los casos de expulsión y condena penal y la no menos importante aceptación del Tribunal de la falta de motivación a la hora de denegar un visado.

En segundo lugar merece una cierta crítica el fallo en la medida en que vuelve a dejar en manos del gobierno la redacción de los artículos declarados contrarios a la Constitución. Si las condiciones que puede poner el legislador en el ejercicio de estos derechos por parte de los extranjeros irregulares no se ajustan a la constitución nos encontramos de nuevo ante la inseguridad jurídica y la incertidumbre que se despejarían pasados unos cuantos años con una nueva sentencia. Al contrario de otras materias en las que el TC ha optado por dictar lo que se ha dado en llamar una “sentencia interpretativa”, parece que en el tema de los derechos de las personas extranjeras ni el TC ni el legislador quieren elaborar una lista claran con los derechos de los extranjeros que evite esta inseguridad y este estado que hemos denominado de constante aclaración.

Antes de pasar al siguiente plano de discusión un comentario sobre los argumentos del Abogado del Estado y de los votos particulares. Ambos vienen a señalar que una persona en situación de estancia irregular deberá arreglar su situación legal y luego reclamar los derechos que le puedan corresponder. Si sacamos del debate jurídico esta discusión y la llevamos al estado de opinión de la sociedad veremos que las encuestas señalan que una gran parte de la población está de acuerdo en negar derechos fundamentales a las personas irregulares. Aunque solo sea por su trascendencia social estas consideraciones deberían ser tenidas en cuenta de cara a participar del debate jurídico planteado.

En un plano más general el punto de partida de este análisis es sin duda la propia Constitución elaborada en el año 1978. Es importante destacar el tiempo y el contexto en el que se promulga la Constitución donde prima el fenómeno de la emigración y donde el porcentaje de población extranjera resultaba intrascendente. Todas estas cuestiones se reflejan en el texto constitucional, pensado más para la población española emigrada que para población extranjera inmigrante y mucho menos para extranjeros irregulares. A partir de aquí el Tribunal Constitucional ha ido construyendo con estos mimbres el listado de derechos y deberes de la población extranjera, de manera que el reconocimiento expreso de un determinado derecho queda en muchos casos pendiente de que se dicte su correspondiente Sentencia.

Un ejemplo claro de todo esto que comentamos lo encontramos con el derecho de asociación. La STC 236/2007 acaba de reconocer el derecho de reunión para los extranjeros que se encuentren en situación irregular. Pues bien, cuando el Defensor del Pueblo impugnó la Ley de Extranjería del año 1985 no cuestionó la exigencia de la residencia legal para poder reunirse que establecía el artículo 7.1 de la Ley 7/85, su recurso se ceñía a la exigencia de una autorización gubernativa especial cuando el derecho de reunión se ejercía por personas extranjeras. Han tenido que pasar veinte años para que el TC nos aclare que este derecho abarca a las personas extranjeras irregulares.

Podríamos incluso hablar de derechos con una importante repercusión en la vida diaria cuyo ámbito de aplicación resulta hoy en día una cuestión por resolver. Nos referimos al derecho a los servicios y prestaciones sociales, (art. 14.2 de la actual LEX). Mientras que, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca no se diferencia entre extranjeros residentes o irregulares, en el resto de CCAA las prestaciones sociales están dirigidas solo a los residentes. Aclarar esta cuestión resulta fundamental para que un plan de integración local o autonómico tenga una mayor o menor efectividad.

No es el objeto de estas reflexiones detallar las sentencias del TC que han podido influir en esta labor de configuración de derechos de las personas extranjeras. No obstante a las ya citadas STC 107/1984, 115/1987 o 137/200 podemos añadir otras no menos importantes. Así por ejemplo cabe citar la STC 75/2005 de 4 de abril donde se establece de manera clara que el derecho a entrar en España no es un derecho fundamental de los extranjeros. Esta afirmación ya se contenía en la importante sentencia STC 53/2002 que declara constitucional la reforma de la ley de Asilo y refugio destacando la fundamentación relativa a la situación procesal del solicitante de asilo en el puesto fronterizo que no es la de detención ni privación de libertad aunque tampoco tiene un derecho incondicional de entrar en el territorio nacional. Las consecuencias jurídicas de estas sentencias en la política de extranjería son de mayor calado que esta sentencia 236/2007 que estamos comentando. Cabe mencionar también la STC 13/2001 que vino a permitir la identificación de una mujer dominicana por parte de la policía basándose en u origen étnico o más recientemente la Sentencia 235/2007 que declara inconstitucional parte del artículo 607.2 del Código penal relativo a la negación del genocidio.

Tal como se observa en estas breves pinceladas los derechos de las personas extranjeras y sobre todo las personas extrajeras en situación irregular no suponen ni mucho menos una labor acabada desde el plano del reconocimiento constitucional. Pero los derechos deben ser observados también desde otros ángulos como son su importancia y la forma en que se garantiza su efectivo ejercicio. De poco sirve que ahora el TC haya reconocido el derecho de asociación de los extranjeros irregulares si luego, por ejemplo, el Registro de Asociaciones va a impedir su inscripción. No hay que olvidar que el 20 de enero de 2001, tres días antes de la entrada en vigor de Ley 8/2000, 328 inmigrantes en su mayoría pakistaníes se encierran en la iglesia del Pi en Barcelona poniendo en práctica el derecho de reunión de extranjeros irregulares; en aquellos encierros del año 2001 no se reclamaba el derecho de reunión sino un permiso de residencia y trabajo.
En resumen y respecto a este colectivo de personas sin permiso de residencia, su irregularidad es una cuestión estructural fruto de la Ley de extranjería y ninguna sentencia del TC les va a otorgar papeles.

El último ejemplo de discriminación normativa que desde la Federación estatal de SOS RACISMO queremos volver a denunciar es la exigencia en la Ley 35/2007 de ayudas por nacimiento o adopción de que las madres extranjeras justifiquen dos años de residencia legal. En definitiva, de poco sirve el reconocimiento constitucional de determinados derechos si el legislador continua optando por la interpretación más restrictiva de dichos derechos y en ocasiones, (como el caso que comentamos) imponiendo unos requisitos totalmente injustificados y contrarios al principio de igualdad.

Por ultimo y de cara al futuro ya hemos apuntado cómo el fallo de esta sentencia deja abiertas varias posibilidades para que el gobierno legisle la manera en que los extranjeros irregulares podrían ejercer el derecho de reunión asociación y sindicación. Por otro lado se agota la legislatura y el próximo año se celebran elecciones generales. De cara por lo tanto a la próxima legislatura queda pendiente además de la redacción de los artículos declarados inconstitucionales concretar posibles acuerdos en materia de extranjería en el seno de la subcomisión de extranjería creada en el mes de septiembre de 2006. A la hora de cerrar estas líneas la Subcomisión intenta trazar las líneas generales de la política migratoria de la próxima legislatura, independientemente de quien gobierne. Al margen de que se consiga o no el acuerdo, lo único seguro es que la incertidumbre volverá a planear entre los colectivos de inmigrantes aumentando más si cabe su vulnerabilidad.

En consecuencia, desde la Federación estatal de SOS RACISMO continuaremos denunciando la actual política de extranjería centrada en el control de flujos y alejada de la realidad del fenómeno migratorio. Sentencias como la que comentamos ponen sobre la mesa el debate jurídico de la irregularidad en materia de extranjería. Por un lado el legislador evita enfrentarse a un problema que afecta a más de un millón de personas extranjeras; por otro lado y aunque sean invisibles para el mundo e los derechos son precisamente personas que trabajan, van al médico, atc. Este paradigma se resuelve a través de la ficción jurídica creando figuras como la del arraigo social con todos los problemas que conlleva establecer fórmulas alejadas de la realidad. Porque la realidad índica que los flujos migratorios no son ordenados y por lo tanto la política de extranjería en su actual planteamiento no puede afrontar el fenómenos migratorio, antes al contrario, genera situaciones perversas con consecuencias en muchos casos dramáticas. El Tribunal C0nstitucional nos ha recordado que determinadas situaciones de hecho (la irregularidad de las personas extranjeras) no deseadas por el legislador pueden y deben ser objeto de derechos. Nuestro deseo para este 18 de diciembre es que avancemos en esta senda de reconocimientos hasta lograr la efectiva y real equiparación de derechos entre todas las personas al margen de su nacionalidad y situación administrativa.

FEDERACIÓN ESTATAL DE
SOS RACISMO

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18 diciembre 2007

 

 


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