SOS Racismo - SOS Arrazakeria

Juicio estafa a inmigrantes - reflejo en la prensa PDF Imprimir E-mail
Martes, 10 de Febrero de 2009 10:40

Reflejos en prensa del primer día del juicio por estafa a inmigrantes que se esta realizando estaos días en bilbao de la mano de sos racismo

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20070925/pvasco-espana/letrada-juzgada-estafa-ilegales-20070925.html

GENERAL
La letrada juzgada por estafa a ‘ilegales’ dice que nunca les prometió ‘los papeles’
Los afectados son más de un centenar, aunque sólo la mitad formularon denuncia El fiscal pide ocho años de prisión para la abogada bilbaína

J. MUÑOZ

VISTA ORAL. El fiscal, al fondo, y el abogado de SOS Racismo, en un momento del juicio. / L. A. GÓMEZ

La abogada acusada de haber estafado a más de un centenar de inmigrantes entre 2003 y 2004, prometiéndoles regularizar su situación mediante gestiones administrativas que siempre resultaban infructuosas, declaró ayer en la Audiencia de Bilbao que sus clientes estaban avisados de que los expedientes podían acabar de forma «positiva o negativa». Durante el juicio, que arrancó con el interrogatorio de la procesada, P.J. G., el fiscal y la acusación particular la responsabilizaron de haber engañado a los extranjeros, diciéndoles que ya eran ‘legales’ cuando tan sólo habían tra- mitado una solicitud en la Policía o en la Seguridad Social.

El ministerio público solicita ocho años de cárcel para la letrada, una multa de 7.500 euros y la devolución del dinero cobrado. Por su parte, la acusación particular que ejerce SOS Racismo en nombre de dos inmigrantes reclama doce años de prisión, quince de inhabilitación profesional, 36.000 euros de multa, el reintegro de lo cobrado a esos dos trabajadores y 1.000 euros para cada uno por daños morales.

La defensa mantuvo que se han producido irregularidades en el procedimiento, pues de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los extranjeros tendrían que participar en los casos penales por la vía de la querella y poniendo una fianza. Sin embargo, este caso lo pusieron en marcha medio centenar de ’sin papeles’ que presentaron denuncias en Pamplona.

El fiscal respondió que toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva.Y añadió que la Ley de Extranjería faculta a los inmigrantes a declarar como testigos sobre delitos de los que han sido víctimas. Tras una breve deliberación, el tribunal decidió esperar a la sentencia para dilucidar ese debate.

Papeleo completo

Aunque la presunta estafa se destapó en la capital navarra, el juicio se celebra en Bilbao porque la acusada tiene despacho en la capital vizcaína y fue allí donde ocurrieron los hechos. La investigación ha determinado que, por lo menos, hay 127 personas perjudicadas.

La abogada aseguró ayer que cobraba 600 euros de media por el papeleo completo para regularizar a un inmigrante, incluidos los recursos ante la Subdelegación del Gobierno. De acuerdo con su versión, los ’sin papeles’ reunían los documentos y ella les acompañaba unas veces a solicitar el permiso de trabajo y, cuando esa vía estaba agotada, a pedir la exención de visado. «La funcionaria les informaba», afirmó.

La procesada agregó que, en realidad, su propósito era abrir los expedientes antes del 22 de diciembre de 2003, fecha en que se endurecía la Ley de Extranjería. De ese modo, aunque faltaran documentos, se evitaba la expulsión automática y el inmigrante ganaba tiempo. P.J.G. aseguró haber escuchado «entre compañeros» que la Subdelegación del Gobierno en Navarra había dejado de tramitar solicitudes, lo que, de acuerdo con su versión, explicaría que los ’sin papeles’ acudieran a Vizcaya.

No obstante, SOS Racismo la acusa de engañar sin más a los extranjeros, utilizando incluso «recortes de periódico» sobre las nuevas restricciones legales y asegurando que era posible regularizarse en Bilbao. Según la acusación, la abogada reunía a decenas de extranjeros de madrugada en un solo día para llevarlos a primera hora a las dependencias administrativas con la documentación. La ONG sostiene que amenazaba a quien no pagaba.

Los cincuenta inmigrantes que denunciaron su caso son hoy ‘legales’, según SOS Racismo. El atentado del 11-M provocó un cambio de Gobierno en 2004 y pudieron regularizarse al año siguiente. Ahora reclaman el dinero que les cobraron por los expedientes rechazados.



REPORTAJE
“No prometí la regularización”
Una abogada de Bilbao se enfrenta al primer juicio por una estafa masiva a inmigrantes
El País, ALBERTO URIONA, 2007-09-25
La abogada de Bilbao acusada de estafar a 127 inmigrantes por prometerles la regularización de su situación rechazó ayer que adquiriera este compromiso. En el primer juicio que se celebra en Euskadi por una estafa masiva a inmigrantes, la letrada Pilar Jiménez declaró que sólo les informó de que “no podían ser expulsados hasta que hubiera una resolución judicial” de sus expedientes. En la vista se negó a responder a la acusación.

El fiscal pide ocho años de prisión para esta abogada con 15 años de ejercicio profesional, y

12 la acusación particular, ejercida por SOS Racismo. Se le imputa un “delito continuado de estafa” cometido entre noviembre y diciembre de 2003 y que afectó a 127 inmigrante, según la investigación policial, aunque el juicio iniciado en la Audiencia de Vizcaya se limita a 49 casos.

El juez instructor le impuso una fianza de casi 38.000 euros y la retirada del pasaporte. En su auto afirmó que la procesada cobró a sus clientes una media de 600 euros “pese a que conocía perfectamente” que ninguno de ellos cumplía los requisitos de regularización y sabía también que para presentar las solicitudes en Vizcaya, como hizo, debían residir en este territorio, cuando en realidad vivían en Navarra. Agregó que las peticiones eran “modelos estandarizados, sin aporte de justificaciones documentales y señalando domicilios en Bilbao inexistentes”. Estas actuaciones, según el juez instructor, no sólo privaron a los afectados de regularizar su situación, sino que propició una resolución de la Subdelegación de Vizcaya para expulsarles.

Pilar Jiménez insistió varias veces, a preguntas del fiscal, que informó a los inmigrantes de que las solicitudes para regularizar su situación podrían ser “positivas o negativas”, y, a diferencia de lo que sostienen los afectados, rechazó que les garantizase la concesión de los permisos. “No les prometí que su situación iba a estar legalizada”. La imputada declaró que no se acordaba de los inmigrantes que pasaron por su bufete y las gestiones que hizo cuando fue preguntada por casos concretos.

En cambio, a preguntas de su defensa, sí recordó el caso de una mujer a la que la Policía retuvo y le amenazó con la expulsión. Aseguró que los documentos que tramitaba con esta mujer “sirvieron para que no fuera expulsada”.

La abogada rehusó contestar a la acusación, antes de que empezara a formular sus preguntas. Durante la instrucción del caso, en su tercera declaración ante el juez, se negó a responder al propio magistrado. Ante su negativa a responder ayer, el letrado de SOS Racismo leyó sus preguntas, que recogían las amenazas a varios afectados que no le pagaron “con mandarle a la policía para que les expulsara”, la promesa de que con el resguardo de la solicitud de trabajo ya podrían tener una ocupación laboral o que los trámites debían realizarse en Vizcaya porque las autoridades vascas eran las competentes en materia de extranjería.




La acusada de estafar a inmigrantes dice que les avisó de que podía fracasar
Gara, GARA, 2007-09-25

La abogada de Bilbo acusada de haber estafado a más de un centenar de inmigrantes, a quienes supuestamente prometía legalizar su situación a cambio de unos 600 euros, aseguró ayer en el juicio que advertía a sus clientes de que sus gestiones podían fracasar. La letrada contestó a las preguntas de la defensa, pero no a las de la acusación ejercida por SOS – Racismo.

Este organismo acusa a la letrada P.J.G. de mostrar a los extranjeros que acudían a su despacho recortes de periódico en los que se exponía que en Bizkaia era más fácil obtener los papeles que en otros territorios y a algunos inmigrantes residentes en Nafarroa Garaia llegó a explicarles que había un decreto que declaraba al Ejecutivo de Lakua competente en esta materia.

A partir de hoy declararán más de 50 testigos.




Piden doce años para una abogada de Bilbao por presunta estafa a inmigrantes
Prometía a sus víctimas que les regularizaría por 600 euros SOS Racismo, que ejerce la acusación particular, dice que hay 120 afectados
Diario Vasco, 2007-09-25

BILBAO. La abogada de Bilbao acusada de haber estafado a más de un centenar de extranjeros, a quienes supuestamente prometía legalizar su situación a cambio de unos 600 euros, aseguró ayer en el inicio del juicio en su contra que advertía a sus clientes de que sus gestiones podían fracasar. La letrada P.J.G. se enfrenta a la acusación de estafa continuada por la que la acusación particular ejercida por la asociación SOS Racismo le reclama una pena de doce años de prisión, una multa de 24 meses con una cuota diaria de 50 euros e inhabilitación para el ejercicio de su profesión de abogada durante quince años. Además, exigen una indemnización de 1.000 euros para cada uno de los 127 inmigrantes afectados, «por el daño moral sufrido». Por su parte, el Ministerio Fiscal pide para la letrada ocho años y un día de prisión y una multa de 25 meses con una cuota diaria de 10 euros.

La vista se inició con la declaración de la acusada, quien expuso que desde 1993 ejerce su profesión en Vizcaya «ayudando» a los extranjeros a tramitar sus permisos de trabajo y residencia, especialidad para la cual, «no tuve que pasar el examen pertinente, porque logré demostrar mi valía con sentencias» favorables. Explicó que su despacho cobraba 50 euros por una primera consulta y hasta 550 euros más al concluir su trabajo con la presentación de la solicitud de permiso de trabajo y residencia, junto a los documentos que se debían adjuntar a la misma, pero negó que les prometiera legalizar automáticamente su situación.

Reconoció que recibía esas cantidades a través de una cuenta corriente a nombre de su madre y que les cobraba «por hacerles todo: asesorarles, rellenarles los formularios y acompañarles a hacer cola». Les decía, recordó, que gracias a los trámites que ella iniciaba podrían permanecer años en España, sin que les pudieran expulsar hasta que se resolviera su expediente, debido «a lo lenta que es la Administración» española.

Desmintió que hubiera felicitado a varios de sus clientes tras entregar la solicitud a quienes dijo «ya sois legales», como expuso el fiscal. Contó que muchos de esos inmigrantes aseguraban tener dificultades para acudir a su país de origen y obtener el visado requerido, así que solicitaba la exención de dicho documento «por razones humanitarias», según decía a sus clientes, aunque luego marcaba en el formulario la casilla de situación de conflicto armado o étnico.

Por ello, según la acusación particular, ella «era consciente de que se lo iban a denegar», ya que la mayoría de los solicitantes procedían de Ecuador, donde no se daba esa situación.

El abogado de SOS Racismo recordó que alrededor de 50 personas extranjeras denunciaron a la acusada tras sentirse estafados al cer que sus solicitudes eran rechazadas, pero advirtió de que son más de 120 los afectados. EFE




La imputada por estafar a inmigrantes dice que no les “prometió” los papeles
La fiscalía solicita para la letrada ocho años de cárcel y una multa de 7.500 euros.
Deia, Gessamí Forner, 2007-09-25

bilbao. Una duda recorría ayer la sala de vistas de la sección segunda de la Audiencia Nacional: ¿Por qué decenas de inmigrantes residentes en Nafarroa se desplazaron hasta Bilbao para tramitar desde allí los papeles de regularización? El fiscal obvió esta pregunta y la acusación, que sí la planteó, no pudo recibir respuesta porque la acusada se negó a responderle. Evidentemente, el abogado de la acusada, la letrada Pilar Jiménez Gayubo, tampoco se lo preguntó. Su clienta se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y una multa de 7.500 euros. En lo que Jiménez sí hizo hincapié es en que ella jamás “prometía” a los inmigrantes lospapeles, “les avisaba a todos, o casi todos, de que la resolución de la administración podía ser negativa”.

Esta letrada está acusada de una estafa continuada a 127 inmigrantes, a los que cobraba cerca de 600 euros por unos trámites que estaban abocados al fracaso, según SOS Racismo. La asociación, a la que acudieron los afectados, sospecha que el número de afectados es aun mayor.

La mañana de ayer estuvo dedicada íntegramente a la declaración de la acusada, que vistió con toga. Jiménez no tuvo inconveniente en acusar a la Subdelegación del Gobierno español en Nafarroa de que “había cerrado el cupo” de las solicitudes de regularización, antes de que llegara la fecha límite para entregarlas. “Era algo que se rumoreaba entre los compañeros letrados, aunque jamás en el despacho con los clientes”. Este fue el único indicio que dio en toda la mañana para explicar que quizá, por unos supuestos rumores entre profesionales que habrían llegado a la calle, decenas de extranjeros residentes en Nafarroa se desplazaron a Bizkaia para tramitar desde allí sus papeles.

Jiménez confirmó que desde 1993 se dedica “casi en exclusiva” a temas de extranjería y que se sacó la plaza, en el turno de oficio del Colegio de Abogados, “sin examen”, ya que según dijo demostró su valía “por méritos”. Con estas palabras defendió la profesionalidad de su despacho y sugirió un plagio de los documentos: “Estas solicitudes se han escrito con ordenador, lo puede hacer cualquiera si tiene el original”.

De este modo quiso desdecirse del asunto que la ha llevado al banquillo de los acusados y para la que la acusación particular, ejercida por Luis Fernández, eleva la petición del ministerio fiscal a 12 años de prisión y 36.000 euros de multa . El abogado insinuó en su tanda de preguntas mudas a las que Jiménez no respondió, tal y como le ampara el derecho procesal que la imputada prometía legalizar la situación de sus clientes a cambio de 600 euros. Sin embargo, no fue así.

señuelo Según la acusación, como reclamo utilizaba un recorte de un artículo de prensa sobre el proceso de regularización en Bizkaia y cumplimentaba la solicitud señalando casillas incorrectas, a sabiendas de que sus clientes jamás lograrían los papeles. Incluso cobró por seguir con las gestiones cuando el plazo ya había expirado, el 22 de diciembre de 2003.

Jiménez reconoció que recibía los 600 euros a través de una cuenta corriente, que estaba a nombre de su madre, y que les cobraba “por hacerles todo, desde asesorarles, rellenarles los formularios y acompañarles a hacer cola”. “Todos ellos me decían que eran de aquí, ninguno me enseñó un padrón, ni de Bilbao ni de Cuenca, donde algunos se fueron después a trabajar, porque la administración no lo exigía en ese momento del proceso”, añadió en su defensa.

Varios meses después, algunos inmigrantes acudieron a SOS Racismo al darse cuenta de que su situación seguía sin resolverse, ya que la administración rechazó las solicitudes formuladas por la imputada. “Esperamos una sentencia condenatoria porque los hechos son gravísimos, esta letrada se aprovechó de unas personas que se encontraban en situación irregular pidiéndoles 600 euros, lo que para algunos era más de su salario”, indicó Fernández.

Los recovecos legales han querido que la acusación particular sólo pueda representar a dos de los afectados, debido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no permite la defensa pública de los extranjeros en asuntos que no atenten directamente contra su persona o bienes. Así lo expuso el abogado de la imputada, Javier Beramendi, aunque los magistrados de la sala optaron por permitir a la fiscalía hacerse cargo de la defensa de todos los afectados. Fue el primer intento de Beramendi para allanar el camino hacia una pena menor para su clienta. El juicio continúa hoy con la declaración de los afectados.




Juzgan en Bilbao a una abogada por estafar a 120 inmigrantes, 40 en Navarra
Diario de Navarra, EUROPA PRESS/ DDN. BILBAO., 2007-09-25

El fiscal pide 8 años de cárcel y una multa de 7.500 euros para una abogada de Bilbao acusada de estafar a más de 120 inmigrantes, a los que cobró 600 euros a cada uno por los tramites de regularización, cuando la Ley no lo permitía. Según informó Sos Racismo Navarra, recibieron ellos más de 40 denuncias relacionadas con esta abogada, para la que la acusación particular, ejercida por Sos Racismo, solicita 12 años de prisión y otros 15 de inhabilitación.
El juicio comenzó ayer en Bilbao y se desarrollará hasta el próximo 4 de octubre. Durante la primera sesión de la vista oral, la letrada declaró que no aseguró a sus clientes, en ningún momento, que conseguiría la regularización y que les advertía de la posibilidad de una respuesta adversa.




El fiscal pide 8 años de cárcel para una abogada de Bilbao por una estafa a inmigrantes
Diario de Noticias, gessamí forner, 2007-09-25

bilbao. Una duda recorría ayer la sala de vistas: ¿por qué decenas de inmigrantes residentes en Navarra se desplazaron hasta Bilbao para tramitar desde allí los papeles de regularización? El fiscal obvió esta pregunta y la acusación, que sí la planteó, no pudo recibir respuesta porque la acusada se negó a responderle. Evidentemente, el abogado de la acusada, la letrada Pilar J.G., tampoco se lo preguntó. Su clienta se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y una multa de 7.500 euros. En lo que Jiménez sí hizo hincapié es que ella jamás “prometía” a los inmigrantes los papeles , “les avisaba a todos, o casi todos, de que la resolución de la administración podía ser negativa”.

Esta letrada está acusada de una estafa continuada a 127 inmigrantes, a los que cobraba cerca de 600 euros por unos trámites que estaban abocados al fracaso, según SOS Racismo Navarra. La asociación, a la que acudieron los afectados, sospecha que el número de afectados es aun mayor.

La mañana de ayer estuvo dedicada íntegramente a la declaración de la acusada, que vistió con toga. Pilar J.G. no tuvo inconveniente en acusar a Delegación del Gobierno en Navarra de que “había cerrado el cupo” de las solicitudes de regularización, antes de que llegara la fecha límite para entregarlas. “Era algo que se rumoreaba entre los compañeros – letrados – , aunque jamás en el despacho – con los clientes – ”. Este fue el único indicio que dio en toda la mañana para explicar que quizá, por unos supuestos rumores entre profesionales que habrían llegado a la calle, decenas de extranjeros residentes en Navarra se desplazaron a Vizcaya para tramitar desde allí sus papeles.

Pilar J.G. confirmó que desde el año 1993 se dedica “casi en exclusiva” a temas de extranjería y que se sacó la plaza, en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Bilbao, “sin examen”, ya que según dijo demostró su valía “por méritos”. Con estas palabras defendió la profesionalidad de su despacho y sugirió un plagio de los documentos: “Estas solicitudes se han escrito con ordenador, lo puede hacer cualquiera si tiene el original”.

acusación particular De este modo quiso desdecirse del asunto que la ha llevado al banquillo de los acusados y para la que la acusación particular, ejercida por SOS Racismo, eleva la petición del Ministerio Fiscal a 12 años de prisión y 36.000 euros de multa . El abogado insinuó en su tanda de preguntas mudas – a las que Pilar J.G. no respondió, tal y como la ampara el derecho procesal – que la imputada prometía legalizar la situación de sus clientes a cambio de 600 euros. Sin embargo, no fue así.

Según la acusación, como reclamo utilizaba un recorte de un artículo de prensa sobre el proceso de regularización en Vizcaya y cumplimentaba la solicitud señalando casillas incorrectas, a sabiendas de que sus clientes jamás lograrían los papeles . Incluso cobró por seguir con las gestiones cuando el plazo ya había expirado, el 22 de diciembre de 2003.

La acusada reconoció que recibía los 600 euros a través de una cuenta corriente, que estaba a nombre de su madre, y que les cobraba “por hacerles todo, desde asesorarles, rellenarles los formularios y acompañarles a hacer cola”. “Todos ellos me decían que eran de aquí, ninguno me enseñó un padrón, ni de Bilbao ni de Cuenca, donde algunos se fueron después a trabajar, porque la administración no lo exigía en ese momento del proceso”, añadió en su defensa.




La imputada por estafar a inmigrantes dice que no les “prometió” los papeles
Diario de noticias de Alava, gessamí forner, 2007-09-25

La fiscalía solicita para la letrada ocho años de cárcel y una multa de 7.500 euros

bilbao. Una duda recorría ayer la sala de vistas de la sección segunda de la Audiencia Nacional: ¿Por qué decenas de inmigrantes residentes en Nafarroa se desplazaron hasta Bilbao para tramitar desde allí los papeles de regularización? El fiscal obvió esta pregunta y la acusación, que sí la planteó, no pudo recibir respuesta porque la acusada se negó a responderle. Evidentemente, el abogado de la acusada, la letrada Pilar Jiménez Gayubo, tampoco se lo preguntó. Su clienta se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y una multa de 7.500 euros. En lo que Jiménez sí hizo hincapié es que ella jamás “prometía” a los inmigrantes los papeles , “les avisaba a todos, o casi todos, de que la resolución de la administración podía ser negativa”.

Esta letrada está acusada de una estafa continuada a 127 inmigrantes, a los que cobraba cerca de 600 euros por unos trámites que estaban abocados al fracaso, según SOS Racismo. La asociación, a la que acudieron los afectados, sospecha que el número de afectados es aun mayor.

La mañana de ayer estuvo dedicada íntegramente a la declaración de la acusada, que vistió con toga. Jiménez no tuvo inconveniente en acusar a la Subdelegación del Gobierno español en Nafarroa de que “había cerrado el cupo” de las solicitudes de regularización, antes de que llegara la fecha límite para entregarlas. “Era algo que se rumoreaba entre los compañeros – letrados – , aunque jamás en el despacho – con los clientes – ”. Este fue el único indicio que dio en toda la mañana para explicar que quizá, por unos supuestos rumores entre profesionales que habrían llegado a la calle, decenas de extranjeros residentes en Nafarroa se desplazaron a Bizkaia para tramitar desde allí sus papeles.

Jiménez confirmó que desde 1993 se dedica “casi en exclusiva” a temas de extranjería y que se sacó la plaza, en el turno de oficio del Colegio de Abogados, “sin examen”, ya que según dijo demostró su valía “por méritos”. Con estas palabras defendió la profesionalidad de su despacho y sugirió un plagio de los documentos: “Estas solicitudes se han escrito con ordenador, lo puede hacer cualquiera si tiene el original”.

señuelo De este modo quiso desdecirse del asunto que la ha llevado al banquillo de los acusados y para la que la acusación particular, ejercida por Luis Fernández, eleva la petición del ministerio fiscal a 12 años de prisión y 36.000 euros de multa. El abogado insinuó en su tanda de preguntas mudas – a las que Jiménez no respondió, tal y como la ampara el derecho procesal – que la imputada prometía legalizar la situación de sus clientes a cambio de 600 euros. Sin embargo, no fue así.

Según la acusación, como reclamo utilizaba un recorte de un artículo de prensa sobre el proceso de regularización en Bizkaia y cumplimentaba la solicitud señalando casillas incorrectas, a sabiendas de que sus clientes jamás lograrían los papeles . Incluso cobró por seguir con las gestiones cuando el plazo ya había expirado, el 22 de diciembre de 2003.

Jiménez reconoció que recibía los 600 euros a través de una cuenta corriente, que estaba a nombre de su madre, y que les cobraba “por hacerles todo, desde asesorarles, rellenarles los formularios y acompañarles a hacer cola”. “Todos ellos me decían que eran de aquí, ninguno me enseñó un padrón, ni de Bilbao ni de Cuenca, donde algunos se fueron después a trabajar, porque la administración no lo exigía en ese momento del proceso”, añadió en su defensa.

Varios meses después, algunos inmigrantes acudieron a SOS Racismo al darse cuenta de que su situación seguía sin resolverse, ya que la administración rechazó las solicitudes formuladas por la imputada. “Esperamos una sentencia condenatoria porque los hechos son gravísimos, esta letrada se aprovechó de unas personas que se encontraban en situación irregular pidiéndoles 600 euros, lo que para algunos era más de su salario”, indicó Fernández.

Los recovecos legales han querido que la acusación particular sólo pueda representar a dos de los afectados, debido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no permite la defensa pública de los extranjeros en asuntos que no atenten directamente contra su persona o bienes. Así lo expuso el abogado de la imputada, Javier Beramendi, aunque los magistrados de la sala optaron por permitir a la fiscalía hacerse cargo de la defensa de todos los afectados. Fue el primer intento de Beramendi para allanar el camino hacia una pena menor para su clienta. El juicio continúa hoy con la declaración de los afectados.




Etorkinei iruzur egin izana ukatu du salatutako abokatuak
Berria, ibai maruri, 2007-09-25

Bilbo

Etorkinei baimena lortzeko prozedurak huts egin zezakeela jakinarazi ziela esanez defendatu du bere burua P.J.G. abokatuak. Halaxe adierazi zuen atzo bere aurkako epaiketaren lehen saioan, Bilbon.

Salaketaren arabera, 2003. eta 2004. urteetan baimenik gabeko hainbat etorkini beraien egoera legeztatzen lagunduko ziela sinetsarazi zien, nahiz eta bazekien garai hartan indarrean zegoen legediarekin ezinezkoa zela halakorik lortzea. Gainera, zerbitzu horien trukean 600 euroko ordainsaria eskatzen zien.

Atzo hasi zen epaiketa Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Lehenengo saioan akusatuari zegokion galderei erantzutea. Halere, hasi aurretik, Javier Beramendi defentsaren abokatuak prozeduraren inguruan bere desadostasuna agertu zuen. «Baimenik gabeko etorkinei legeak ez diela aitortzen halako salaketa jartzeko eskubiderik eta akusazioak ezin du berak ordezkatzen ez dituen gainerako etorkinen izenean erantzukizun zibilik eskatu», kexatu zen, besteak beste.

Behin arazoa konponduta, saioari ekin zitzaion P.J.G. – ren adierazpenekin. Fiskalaren galderei erantzunez, bere zerbitzuen truke 50 euro kobratzen zituela azaldu zuen, «nahiz eta beti ezin izaten zuten ordaindu». Prozesua bukatutakoan, beste 550 euro gehiago. Era berean, diru hori berea eta bere amarena zen kontu korronte baten bidez jasotzen zuela aitortu zuen.

«Aholkua eman, agiriak bete eta ilaran zain egoten zirenean lagundu», horiexek ziren bere zereginak. Behin egoitza eta lan baimena eskatuta, Administrazioak eskaera onartu edo ez erabaki bitartean Poliziak ezin zituela kanporatu azaltzen ziela adierazi zuen.

EZ MEHATXURIK, EZ GEZURRIK. P.J.G. – k, halaber, ukatu egin zuen etorkinei legeztatze orokor bat gertatuko zela sinestarazi ziela. Baita Jaurlaritzaren lege bati esker Bilbon baimena lortzea errazagoa zela esan zienik ere.

Luis Fernandez SOS Arrazakeria elkarteko abokatuaren galderei ez zien erantzun. Halere, hark banan – banan egin zizkion. Besteak beste, ordaindu ezik Poliziaren aurrean salatuko zituela mehatxu egin izana leporatu zion. Baita bisa bila euren herrialdera joan ezin zirenen kasuan dokumentuaren salbuespena eskatu izana onartuak izango ez ziren arrazoiak argudiatuz.

Epaiketak gaur jarraituko du, ustez iruzurra pairatu zuten etorkinen lekukotzekin.




http://www.20minutos.es/noticia/278874/0/Abogada/Bilbao/inmigrantes/

Piden entre 8 y 12 años de prisión para una abogada de Bilbao que estafó a inmigrantes
EUROPA PRESS. 20.09.2007
Una abogada de Bilbao será juzgada en la capital vizcaína entre los días 24 de septiembre y 4 de octubre por supuesta estafa continuada a inmigrantes al cobrarles en 2004 un total de 600 euros a cada uno por “regularles” cuando la Ley no lo permitía. El número exacto de afectados se desconoce, aunque podría ascender a más de 127 y las acusaciones solicitan para la letrada entre ocho y 12 años de prisión.

La Fiscalía pide ocho años y un día de cárcel, una multa de 7.500 euros y el pago de los gatos a los perjudicados. Por su parte, la acusación particular reclama 12 años de prisión, una multa de 36.000 euros, inhabilitación para el ejercicio de su profesión de abogada durante 15 años, el pago a los perjudicados de los gastos ocasionados, así como una indemnización de 1.000 euros por persona, en concepto de “daño moral”.

Según informa SOS-Racismo de Navarra, en el año 2004 recibió más de 40 denuncias de inmigrantes que aseguraron haber sido estafados por una abogada de Bilbao, P.J.G., que les prometía “arreglarles los papeles, es decir, conseguir regularizarles, a sabiendas de que esto no era posible con la legislación vigente en aquel momento”. A cada uno le cobraba 600 euros por las gestiones.

Estas personas, con la colaboración de SOS-Racismo, iniciaron la denuncia judicial contra esta abogada, acusándole de un delito continuado de estafa. La ONG considera que el juicio “será complejo y largo, ya que en la causa aparecen datos de nada menos que 127 personas a quienes la abogada acusada cobró por estas gestiones, aunque se desconoce el número total de personas que pudieron ser afectadas”, aunque cree que, posiblemente, serán “muchas más”.

En un comunicado, denuncia que existen personas, “en este caso una letrada, que se aprovechan de la mala situación y vulnerabilidad en la que viven otras personas porque la situación de carencia de derechos y vías para reclamarlos en la que se encuentra una persona en situación irregular hace que proliferen los casos en los que otras personas o profesionales se aprovechan de esta situación”. LEY DE EXTRANJERIA

Asimismo, critica “el mantenimiento de una normativa, como la Ley de Extranjería, que crea y promueve el caldo de cultivo necesario para que se puedan dar abusos como estos”. “La ley de extranjería y demás normativa de inmigración, absurda e inhumana, cierra toda posibilidad real de poder regularizar su situación a cientos de miles de personas que habiendo venido de otros lugares, trabajan, residen y forman parte de esta sociedad”, apunta.




http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/abogada/Bilbao/enfrenta/anos/carcel/estafar/127/inmigrantes/elpepuesppvs/20070921elpvas_11/Tes

Una abogada de Bilbao se enfrenta a ocho años de cárcel por estafar a 127 inmigrantes
A. URIONA - Bilbao - 21/09/2007

Una abogada de Bilbao se enfrenta en el juicio que comenzará el próximo lunes en la Audiencia de Vizcaya a ocho años de prisión por una supuesta estafa continuada a 127 inmigrantes a los que prometió regularizar en Navarra. Además de esa condena, la fiscal solicita una multa de 7.500 euros. La acusación particular eleva su petición a 12 años de cárcel y 36.000 euros de multa.
El caso se remonta a 2004, cuando la asociación SOS Racismo de Navarra recibió más de 40 denuncias de inmigrantes que aseguraban haber sido estafados por la letrada Pilar Jiménez Gayubo. La abogada prometía “arreglarles los papeles” para que dejaran de estar en situación irregular, pese a que la legislación vigente lo impedía entonces. El proceso de regularización al que acogerse no se abrió hasta dos años después, en 2006.
La demanda se fue ampliando y ha alcanzado a 127 inmigrantes que residían en la comunidad foral. Jiménez cobró a cada uno de ellos cerca de 600 euros por sus supuestas gestiones. La acusación particular reclama además la inhabilitación para el ejercicio de su profesión de abogada durante 15 años, el pago de los gastos a los perjudicados -lo que también solicita el fiscal- y una indemnización de 1.000 euros por persona en concepto de de daño moral.

Durante dos semanas
El juicio se desarrollará durante dos semanas. SOS Racismo aseguró que todavía se desconoce el número de afectados, que “posiblemente serán muchos más”. Esta ONG censuró que haya personas que “se aprovechan de la mala situación y la vulnerabilidad” de los inmigrantes para lucrarse y exigió un cambio radical en la ley de Extranjería.

Este caso se une a otro similar ocurrido en Bilbao, esta vez ya durante el proceso de regularización de 2006, cuando fueron supuestamente estafados 60 inmigrantes. En esta causa existen dos acusaciones concretas: contra una asesora que recibió 7.550 euros de nueve inmigrantes, que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión, y, por otra parte, contra una abogada y un empresario que presuntamente estafaron a 39 extranjeros, para quienes reclaman seis años. Las peticiones han partido de la Fiscalía del Tribunal Superior y coinciden con las de la acusación particular, representada por la asociación Harresiak Apurtuz.

Este colectivo, que agrupa a las principales organizaciones de Euskadi de apoyo a inmigrantes, denunció hace año y medio este caso. Los 60 inmigrantes pagaron una media de 1.000 euros a empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo con el que regularizarían su situación en España. En cambio, formalizaban contratos para empresas sin medios materiales ni recursos o que se constituyeron poco antes antes del inicio de la regularización.




http://es.noticias.yahoo.com/ep/20070924/ttr-acusacin-particular-pide-12-aos-de-p-66f77db_1.html

Acusación particular pide 12 años de prisión y 15 de inhabilitación para una abogada por supuesta estafa a inmigrantes

Europa Press - lunes, 24 de septiembre, 18.09
La abogada afirma que no aseguró a sus clientes que lograría la regularización y que les advertía de una posible respuesta adversa BILBAO, 24 (EUROPA PRESS) - La acusación particular pide 12 años de prisión y otros 15 de inhabilitación para una abogada de Bilbao, P.J.G., que está siendo juzgada desde hoy en la capital vizcaína por supuesta estafa continuada a más de 120 inmigrantes al cobrarles en 2004 un total de 600 euros a cada uno por los tramites de regularización, cuando la Ley no lo permitía. Por su parte, la letrada afirma que no aseguró, en ningún momento, a sus clientes que conseguiría la regularización y que les advertía de la posibilidad de una respuesta adversa.

Además, la acusación particular solicita el pago de los gastos ocasionados a los perjudicados, así como una indemnización de 1.000 euros por persona, por el daño moral sufrido, mientras que la petición de condena del Ministerio Fiscal es de ocho años y un día de cárcel, una multa de 7.500 euros y el pago de los gastos a los perjudicados.

Según SOS Racismo Navarra, en el año 2005 esta asociación recibió más de 40 denuncias de personas inmigrantes que habían sido estafadas por esta abogada que, les prometía “arreglarles los papeles (regularizarles) a sabiendas de que esto no era posible con la legislación vigente en aquel momento” y que les cobraba 600 euros por las gestiones. Estas personas, con la colaboración de SOS Racismo, iniciaron la denuncia judicial contra esta abogada, acusándole de un delito continuado de estafa.

En el juicio, que comenzó hoy y concluirá el próximo jueves, la acusada no respondió a las preguntas de la acusación particular, pero ante la Fiscalía afirmó estar “actualizada” en conocimientos de extranjería, materia en la que aseguró que trabaja desde 1993, y reiteró que, en ningún caso, aseguró a sus clientes que les conseguiría la regularización, así como que les advertía de la posibilidad de que su petición fuera rechazada.

Asimismo, P. J.G. defendió su actuación manifestando que sólo cobraba las consultas que le realizaban los inmigrantes y el resto de la cantidad fijada la ingresaba al finalizar los trámites en una cuenta compartida con su madre.

SIN POSIBILIDADES

Por su parte, el abogado de la acusación particular que ejerce SOS Racismo, Luis Fernández, explicó que la acusada tramitaba el expediente, pero sabía que “no tenía ninguna posibilidad de prosperar” y destacó que “todas las resoluciones de las 127 personas que al menos aparecen en el procedimiento que tramitaron los papeles con esta abogada” fueron rechazadas “y ninguna consiguió los papeles”.

“Todas las resoluciones fueron devueltas o denegadas porque, por el procedimiento, no podia ser la resolución de otra manera”, insistió, Fernández, quién espero que la sentencia sea condenatoria “para que no vuelvan a ocurrir hechos como éste y porque la gente que acudió a SOS Racismo vea que si se les estafó en un momento, ahora se le reconoce el engaño que sufrieron”.

“Esperamos que se les indemnice, que es un poco la manera de arreglar el desaguisado que se hizo, ya que, en ese momento, 600 euros para estas personas, que o bien no trabajabn o lo hacian sin papeles, eran en algunos casos el salario que ganaban en un mes”, subrayó.

La acusación particular entiende que la actuación de la letrada demandanda no ha sido “algo accidental, ni una equivocación o que ella no tuviera conocimiento, sino que lo sabía porque se dedica a la extranbjería como ella misma reconoce y, evidentemente, era concedora del procedimiento”. “Eso es nuestro punto de vista y es lo que vamos a intentar demostrar”, concluyó.




http://noticias.interbusca.com/sociedad/justicia/Piden-entre-a%F1os-prisi%F3n-para-abogada-Bilbao-ser%E1-juzgada-supuesta-estafa-inmigrantes-20070920115515.html

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Piden entre 8 y 12 años de prisión para una abogada de Bilbao, que será juzgada el 24 por supuesta estafa a inmigrantes

Cobraba 600 euros por trámites para regularizarles, aunque la Ley no lo permitía, y el número de afectados podría ascender a 127

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

Una abogada de Bilbao será juzgada en la capital vizcaína entre los días 24 de septiembre y 4 de octubre por supuesta estafa continuada a inmigrantes al cobrarles en 2004 un total de 600 euros a cada uno por “regularles” cuando la Ley no lo permitía. El número exacto de afectados se desconoce, aunque podría ascender a más de 127 y las acusaciones solicitan para la letrada entre ocho y 12 años de prisión.

La Fiscalía pide, en concreto, ocho años y un día de cárcel, una multa de 7.500 euros y el pago de los gatos a los perjudicados. Por su parte, la acusación particular reclama 12 años de prisión, una multa de 36.000 euros, inhabilitación para el ejercicio de su profesión de abogada durante 15 años, el pago a los perjudicados de los gastos ocasionados, así como una indemnización de 1.000 euros por persona, en concepto de “daño moral”.

Según informa SOS-Racismo de Navarra, en el año 2004 recibió más de 40 denuncias de inmigrantes que aseguraron haber sido estafados por una abogada de Bilbao, P.J.G., que les prometía “arreglarles los papeles, es decir, conseguir regularizarles, a sabiendas de que esto no era posible con la legislación vigente en aquel momento”. A cada uno le cobraba 600 euros por las gestiones.

Estas personas, con la colaboración de SOS-Racismo, iniciaron la denuncia judicial contra esta abogada, acusándole de un delito continuado de estafa. La ONG considera que el juicio “será complejo y largo, ya que en la causa aparecen datos de nada menos que 127 personas a quienes la abogada acusada cobró por estas gestiones, aunque se desconoce el número total de personas que pudieron ser afectadas”, aunque cree que, posiblemente, serán “muchas más”.

En un comunicado, denuncia que existen personas, “en este caso una letrada, que se aprovechan de la mala situación y vulnerabilidad en la que viven otras personas porque la situación de carencia de derechos y vías para reclamarlos en la que se encuentra una persona en situación irregular hace que proliferen los casos en los que otras personas o profesionales se aprovechan de esta situación”.

LEY DE EXTRANJERIA

Asimismo, critica “el mantenimiento de una normativa, como la Ley de Extranjería, que crea y promueve el caldo de cultivo necesario para que se puedan dar abusos como estos”. “La ley de extranjería y demás normativa de inmigración, absurda e inhumana, cierra toda posibilidad real de poder regularizar su situación a cientos de miles de personas que habiendo venido de otros lugares, trabajan, residen y forman parte de esta sociedad”, apunta.

A su juicio, “la no existencia de vías para poder normalizar su situación es el caldo de cultivo para que, sabiendo que necesitan agarrarse a un clavo ardiendo, personas desaprensivas usen sus necesidades, anhelos y esperanzas, para aprovecharse de ellas”.

Por ello, exige “que se protejan los derechos y la situación de todas las personas, en especial las de quienes se encuentran en una situación de mayor desprotección y vulnerabilidad, no permitiendo que se produzcan abusos”.

“Igualmente exigimos un cambio radical en las normativas y las prácticas de extranjería de modo que no se obligue a viajes cada vez más caros y peligrosos, y a vivir en la clandestinidad, la exclusión y la explotación, abriéndose cauces para poder venir de modo normalizado y para poder regularizarse quienes ya trabajan y viven aquí, como único modo de luchar contra estas situaciones de vulneración”, concluye.

Fuente:
Publicación noticia: 20-09-2007, 11:55h.

 

 


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