Exclusión social y Ley de Extranjería Imprimir
Crisis y racismo
Lunes, 14 de Febrero de 2011 12:25

Artículo de opinión de nuestro compañero Miguel Angel Navarro, publicado (por ahora) en Diario Noticias de Gipuzkoa

El 22 de noviembre del pasado año nos levantamos con la triste noticia de la muerte de dos personas que pasaban la noche en un restaurante abandonado en Santurtzi. Muchas de las discusiones posteriores giraron en torno a quién era el responsable de la demolición del edificio. Parece ser que tuvo su efecto porque en fechas recientes han comenzado las obras de derribo.

De lo que nadie parecía discutir era de quién era el responsable de la situación de sinhogarismo en la que se encontraban las personas que ahí se refugiaban, no parece ser que tuviera tanta importancia como el espacio físico que estaban ocupando. No es la primera vez que una persona que se encuentra sin hogar muere en las calles de nuestros pueblos y ciudades. En el año 2009 en el País Vasco murieron nueve personas y en el 2010, seis.

En un estudio reciente del Ayuntamiento de Bilbao, se contabilizaron 205 personas durmiendo a la intemperie o en refugios improvisados, y otras 786 que esa noche la pasaban a cubierto gracias a los recursos residenciales dispuestos por las asociaciones y el propio Ayuntamiento. ¿Qué lleva a alguien a tener que dormir en la calle? Los factores son múltiples, pero no cabe duda de que la falta de recursos económicos es uno de los mayores.

Existen algunos mecanismos en la sociedad que luchan contra la exclusión social. Uno de los más importantes es el decreto de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Su objeto es "estructurar un sistema sólido, susceptible de garantizar su fortaleza en las situaciones de crisis y bien adaptado a la evolución de las necesidades observadas en los últimos años" y su principal valor son las ayudas económicas que se conceden ¿Qué es lo que ocurre entonces para que se llegue a la cifra escandalosa de personas durmiendo en la calle?

Para acceder a las ayudas hay una serie de requisitos. Mucha gente considerará que tiene su lógica. Un año de empadronamiento, la posesión de un contrato de alquiler de un piso o subarriendo de una habitación y un máximo de personas, establecido en dos por piso, que están cobrando la ayuda. Las razones esgrimidas por el Gobierno Vasco para la inclusión de un número máximo de ayudas por piso eran evitar situaciones de hacinamiento y fraude.

Bajo este último buen propósito el Gobierno Vasco ha intentado quitar en diciembre de 2010 la RGI a 6.200 unidades convivenciales por no cumplir el requisito de estar inscritas en el INEM, resultando que un despropósito tal que algunas de ellas incluso habían sido dadas de baja como demandantes de empleo por el propio INEM al estar realizando un curso de formación.

¿Puede ocurrir que las condiciones de acceso a las herramientas de las que disponemos para luchar contra la exclusión social generen más exclusión? No es una afirmación descabellada si tenemos en cuenta que la solución al problema es parte del mismo problema. Para acceder a las ayudas sociales es necesario disponer de un contrato de alquiler de un piso o una habitación, lo cual implica disponer de dinero para alquilar dicho piso o habitación ¿Cómo salgo de ese círculo vicioso? Si a esta lógica perversa le añadimos la pertenencia a un grupo vulnerable como pueden ser las personas inmigradas, a nadie debe sorprender las estadísticas que señalan que más de la mitad de las personas sin hogar pertenecen a dicho colectivo.

En un estudio de SOS Racismo sobre discriminación en el acceso a la vivienda, se encontraron anuncios en páginas web y periódicos donde se especificaba que no se alquilaba a inmigrantes. Casi el 65% de las personas propietarias contactadas no alquilaban su piso a una persona extranjera y las inmobiliarias ofertaban menos pisos a dichas personas. En cuanto a las habitaciones de alquiler, el precio medio que se encontró fue de 285 euros al mes y en menos del 20% de ellas se permitía el empadronamiento y se firmaba un contrato de subarriendo. Con la entrada del decreto de RGI que exige ambas condiciones, se suma que solamente dos personas pueden estar recibiendo ayudas por cada piso. Está claro que esta carrera de obstáculos no contribuye a que las personas inmigradas que se encuentran en situación de exclusión social puedan salir de ella.

La Unión Europea se ha marcado el 2015 como el año en que erradicar el fenómeno del sinhogarismo de las calles de las ciudades. La problemática es compleja y requiere una intervención multidisciplinar que refuerce las políticas públicas en materias como vivienda, tratamiento de adicciones, programas de salud mental integrales, políticas de género, de inserción laboral, de salud, de dependencia, de empleo, de protección social, etc.


Sin embargo, no todas las personas que están en la calle tienen una problemática compleja. En un reciente estudio realizado por la Diputación Foral de Bizkaia se muestra que casi el 40% de las personas que se encuentra en la calle, más allá de su problema de exclusión residencial, no muestran grandes problemáticas personales añadidas. Este grupo está constituido mayoritariamente por personas inmigradas a cuya situación les aboca la Ley de Extranjería, que impide que puedan trabajar y les lleva a situaciones de exclusión extrema ante las que, lejos de darles respuesta, se les están poniendo nuevos impedimentos a su superación.