Rompiendo mitos sobre los menores extranjeros no acompañados Imprimir
Martes, 13 de Octubre de 2009 09:11



En los últimos meses, los conflictos protagonizados por menores extranjeros no acompañados han sido noticia y han provocado una importante alarma social que ha estigmatizado aún más a un colectivo especialmente vulnerable y discriminado. Ese tratamiento mediático choca en cambio con los datos y argumentos de las personas expertas tanto en criminología como en protección de la infancia.

Un ejemplo es el estudio redactado por los psicólogos de la UPV César San Juan y Estefanía Ocariz para el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, que concluye que entre 2003 y 2008 sólo el 8% de los delitos cometidos por menores habían sido cometidos por extranjeros no acompañados.  Una cifra mucho inferior a la que la sociedad percibe debido al sobredimensionamiento mediático de los incidentes en los que están implicados los jóvenes extranjeros tutelados por las diputaciones vascas.
Voces expertas en protección de la infancia también refutan el prejuicio de que los extranjeros son más conflictivos que los menores autóctonos en situación de desamparo. Os dejamos con un extracto de la entrevista a Jorge Fernández del Valle, quien asesora desde hace veinte años a las administraciones autonómicas e instituciones sobre el sistema de protección de la infancia:

En general, son chicos [los menores extranjeros] con muchos menos problemas de conducta que los locales, vienen a trabajar y quieren conseguir papeles. Están muy motivados. Muchos han trabajado desde los siete años, han pasado por experiencias difíciles y están muy endurecidos, tienen una capacidad de resistencia mucho mayor que nuestros niños. Hay un grupo pequeño, pero muy llamativo, que puede plantear problemas; pero si en Asturias hay 60 menores extranjeros, no hay ni 5 en esa situación. Ese porcentaje es mucho mayor entre los chicos de aquí.

Para mejorar su asistencia, recomienda tener en cuenta la brecha cultural, desarrollar más programas de adultos en transición y ayudas a la inserción laboral, y apunta al problema de que las administraciones “no quieran dar papeles con facilidad para evitar colapsos”.